Leonardo Carrizo / Para The Dispatch
Inmigrantes ilegales terminan con su almuerzo en la Cárcel del Condado de Tulsa, donde están detenidos por semanas esperando deportación a sus países. La mayoría de los detenidos terminar bajo custodia por violar leyes traficas o manejar enebro o estar agarrados en radas en sitios de construcción.
Leonardo Carrizo / Para The Dispatch
José Molina, derecha, y su compañero de celda pasan tiempo en la Cárcel del Condado de Tulsa mientras esperan sus vistas de deportación. Inmigrantes ilegales en ese condado de Oklahoma ahora no tiene derecho pagar un fianza y salir de la cárcel.
Leonardo Carrizo / Para The Dispatch
"No se a quien estoy deteniendo en un vehiculo. En Oklahoma, tenemos mucho nativos americanos. Tenemos muchas personas quienes pasan mucho tiempo en camas de bronceado". - El Ayudante del Alguacil Marlin Warren
Cárceles locales llenas con detenidos
La fuerte aplicación de la ley hace la vida difícil para los residentes también.
Todd Jones
THE COLUMBUS DISPATCH
TULSA, Okla. - Para ver lo que pasa cuando un estado pasa su propia ley de inmigración, no mire más lejos que el área J5 de la cárcel del condado de Tulsa.
Adentro encontrará una estación aun más ocupada, todas las 94 camas casi todas llenas de detenidos que esperan ser deportados - casi todos latinos.
"Los acomodamos en un área separada, todos juntos, por la barrera del lenguaje, al menos que sean de pandillas rivales y puedan causar un problema", dijo el Sargento Shannon Clark del Departamento del alguacil del condado de Tulsa.
Cómo esos detenidos terminaron en esa área de dos pisos de seguridad media, es un tema controversial, llenos de quejas y negaciones de discriminación racial.
El abogado general de Oklahoma no le dio reglas a los departamentos de la policía y de los alguaciles acerca de cómo aplicar la nueva ley, que requiere que ellos chequeen el estatus de inmigración a cualquiera que arresten por un crimen o por conducir en estado de ebriedad.
Mientras que los legisladores de Ohio consideran un proyecto de ley modelado en las nuevas medidas enérgicas de Oklahoma – consideradas las más fuertes de la nación – ellos ya pueden ver la caída aquí.
"Solo el gobierno federal puede aplicar las leyes de inmigración", dijo el Alcalde de la Ciudad de Oklahoma Mick Cornett. "Hay una mala percepción en nuestra comunidad acerca del nuevo criterio que la policía recibe en nuestra ciudad. Ha sido difícil comunicarse directamente con nuestros ciudadanos".
Eso ha sido especialmente verdadero en el Condado de Tulsa, donde el departamento del alguacil, ha tomado la delantera en la aplicación de la ley trabajando en conjunto con oficiales federales de inmigración.
Desde septiembre 2007 hasta junio, casi 1,400 personas fueron a prisión en la cárcel del Condado de Tulsa como detenidos para ser deportados por ICE. De ese grupo, 1,081 fueron deportados o bajo procedimientos federales de inmigración.
"¡Cielos!, el Departamento del alguacil del Condado de Tulsa es el modelo en Oklahoma para la manera en que las agencias estatales y locales deben aplicar cooperativamente las leyes de inmigración", dijo Randy Terrill, el representante Republicano del estado quien escribió la ley.
De los 742 detenidos en la cárcel de Tulsa en los primeros seis meses del año, 677 eran ciudadanos mexicanos.
Estos números han estallado en quejas a los hispanos, el grupo más grande de inmigrantes en Oklahoma, que han sido víctimas de acoso y discriminación.
"El alguacil del Condado de Tulsa ha hecho una limpieza étnica", dijo el Reverendo Miguel Rivera, presidente de la Coalición Nacional del Clero Latino y lideres cristianos.
Stanley Glanz, en sus 20 años como alguacil, se burla de la acusación.
"No sólo paramos a la gente porque son extranjeros", él dijo. "Lo que la gente no entiende es, los que estamos viendo en audiencias de inmigración son muchos de los viajeros frecuentes en nuestra cárcel. Esos son los que estamos moviendo fuera de nuestras comunidades".
Los asistentes de los alguaciles se enfadaron a los ataques a su reputación. El septiembre pasado, 28 de ellos se graduaron del programa de entrenamiento de inmigración de cinco semanas de ICE. Desde entonces, la población de la cárcel ha decrecido en un 7 por ciento.
"Alguien está llenándose la boca para ganar respaldo político", el Ayudante del Alguaciles Joe Byars dijo. "Siento que me están acusando de cosas. Es una lastima. La gente cree que estamos aquí molestando a la gente, y eso molesta porque no es así para nada",
Las opiniones difieren en el área J5
"Somos como presas", dijo Julio Reiguero, un ex-residente de Columbus quien estuvo en la cárcel ésta primavera, enfrentando una deportación y cargos por posesión de marihuana.
Afuera, hasta los ciudadanos americano hispanos se sienten detrás de las rejas.
"A veces cuando tengo salgo del trabajo, una patrulla me sigue, a veces hasta por media milla", dijo Simón Navarro, un ciudadano americano quien es dueño de una farmacia y una tienda de envío de dinero en Tulsa. "Lo que me da coraje es, por mi bigote, mi apariencia, me ven como si fuera un criminal".
Miedo al crimen contribuye al clima que produjo la nueva ley de inmigración de Oklahoma.
"Nuestro estándar de vida estaba bajando y nuestro crimen estaba aumentando", dijo Dan Howard, un policía estatal de Oklahoma retirado y fundador de Outraged Patriots, una pagina Web en contra de la inmigración ilegal en Beggs, Oklahoma.
Crímenes violentos de Oklahoma – muerte, violaciones, robos y asaltos agravados – subieron de 17,176 en 2000 hasta 18,066 el año pasado, un incremento de 5.2 por ciento en un momento donde la población hispana del estado aumentó casi en un 45 por ciento.
El reporte anual de crimen no especifica cuantos hispanos fueron arrestados, entonces no hay manera directa de medir si hay alguna conexión.
"Amigo, si no detenemos la inmigración ilegal, las drogas y el crimen, nuestros niños no van a tener la misma América, y viene muy rápido", dijo Ron Dampf de Tulsa.
La nueva ley, sin embargo, no ha cambiado como los oficiales operan. Solo el departamento del alguacil de Tulsa ha trabajado en conjunto con ICE.
"Nadie ha tomado la iniciativa realmente de salir y ser patrullero de la frontera," dijo Jim Cox, director ejecutivo de la asociación de Jefes de Policía de Oklahoma. "Estamos luchando con abarrotamiento en nuestro sistema penal".
Tulsa ha sido la excepción, por resultado un estimado de 25,000 hispanos huyeron del condado, y probablemente del estado. El Consejo de la Ciudad de Tulsa pasó una resolución en mayo 2007 que requería que los policías determinaran el estatus de inmigración de "todos los extranjeros sospechosos de ser ilegales" que ellos encontraran.
Un mes después, el departamento del alguacil firmó un contrato con ICE para ser un "multiplicador de fuerzas". Desde entonces, el Condado de Tulsa ha sido el hogar de los rumores, desconfianza a la policía e incomodidad general.
"Si veo a un policía que se coloca detrás de mi, mi corazón empieza a latir rápidamente", dijo Víctor, un ciudadano americano y residente de Tulsa y su esposa está indocumentada.
La ley de inmigración de Oklahoma no le da autoridad a la policía local o estatal de arrestar a alguien solamente por estar en el país ilegalmente, porque eso es todavía una ofensa federal.
Así mismo, la ley no le da autoridad a la policía estatal o local para detener y pedirles que le den prueba de ser ciudadanos, tampoco pueden hacer una investigación si la origen étnico de una persona es la única causa de sospecha.
El sargento Clarke dijo que el presupuesto del departamento del alguacil de Tulsa no se incremento por su unión con ICE, y nadie han empleado a más personas, porque el entrenamiento de inmigración fue considerado una tarea secundaria.
"Es de hecho un proyecto para hacer dinero", dijo Clarke. ICE le paga a la cárcel del condado $54.13 por día por cada detenido que no enfrentan un cargo local.
Mientras que el presupuesto de la cárcel no incremento, la confusión de los hispanos de la comunidad de Tulsa aumentó. El pasado otoño, los rumores estaban en el aire acerca de que los latinos eran detenidos por razones menores para que los oficiales pudieran chequear su estatus de inmigración.
Con los ayudantes del alguacil completando el entrenamiento de ICE, la cárcel del Condado de Tulsa hizo casi 1,000 chequeos de estatus en los cuatro meses antes de que la nueva ley tuviera efecto. Los chequeos llevaron unas 760 detenciones de inmigrantes.
"Era una cacería de brujas", dijo el Reverendo José Alfonso, pastor de la Iglesia Piedra Angular.
Alfonso dijo que su teléfono repicó sin parar durante el otoño de 2007 con llamadas de los feligreses disgustados de que un amigo o pariente había sido detenido.
El Reverendo Julián Rodríguez, pastor de la Iglesia Eficaz en Tulsa, dijo que tiene un cuaderno de tres pulgadas lleno de descripciones de familias llamando por detenciones de la policía.
Blanca Thames, secretaria de la Coalición por el Sueno Americano, un grupo de defensores de inmigrantes en Tulsa, dijo que el departamento del alguacil tenia controles de transito y redadas para detener a los inmigrantes.
"Nosotros no discriminamos en mi oficina", dijo el alguacil. "Nada de eso ha ocurrido".
"Nosotros colocamos controles de carreteras periódicamente para conductores ebrios, y yo normalmente pregunto (a los asistentes) si han encontrado a ilegales", dijo Glanz, lanzándose sin oponentes a la re-elección este año. "Nosotros hemos arrestado a borrachos en esos bloqueos, pero no ilegales".
Respondió Alfonso: "Por favor. Alguien está mintiendo."
Un Dodge de cuatro puertas negro dobló en S. Garnett Road en el este de Tulsa y fue hacia el estacionamiento de Plaza Santa Cecilia, un centro comercial considerado el nervio central de los alrededores del distrito hispano.
El Ayudante del Alguacil Marlin Warren, detrás de la llanta de su carro encubierto, describe la plaza como ‘sospechoso, sospechoso, sospechoso".
El ayudante estaba esperando por una llamada de un informante para que puedan encontrar en un casa donde sospechan que un hombre hispano estaba vendiendo drogas.
Warren y su compañero, Byars, graduadaron del programa de entrenamiento federal de inmigración el otoño pasado – "otra herramienta en nuestro cinturón de armas", dijo Warren – y trabaja con los oficiales de ICE mientras investigan padillas y actividad de drogas.
"Cuando empezamos, y era un tema controversial, muchas personas pensaron que estábamos afuera tocando las puertas y botando a las familias del país", dijo Byars. "Eso es tan alejado de la realidad. Nosotros ni siquiera vamos a una casa hasta que hay un crimen".
Ambos ayudantes del alguacil niegan acusaciones por discriminación racial.
"No se a quien estoy deteniendo en un vehiculo", dijo Warren. "En Oklahoma, tenemos mucho nativos americanos. Tenemos muchas personas quienes pasan mucho tiempo en camas de bronceado".
Si un persona maneja sin una licencia, estarán llevado a la cárcel, donde chequearán su estatus migratoria, dijo. "No fueron detenidos por estatus. Fueron detenidos porque su faro trasero no funcionaba. Ellos fueron detenidos por romper las leyes."
Warren dijo que los ayudantes del alguacil son "rectos" en su trabajo y que "9 de cada 10 personas que son deportadas son criminales".
De los casi 1,400 detenidos por inmigración que estuvieron en la cárcel del Condado de Tulsa entre septiembre de 2007 hasta junio de 2008, más de 1,200 tuvieron violaciones de tráfico (las personas pueden enfrentar más de un cargo).
Ninguno de esos detenidos fue detenido por asesinato o robo. Cinco fueron acusados de allanamiento de morada, 12 de crímenes sexuales y 122 de crímenes por drogas.
Dentro del área J5, los detenidos en overoles naranjas – casi todos hispanos y ninguno elegible para fianza – mira otro día pasar mientras espera enfrentarse a un juez de inmigración.
Había muy poco peligro, a pesar de que un prisionero fue supuestamente atacado por un hombre de Tulsa con un machete.
"Muchos están aquí por delitos menores", dijo el detenido Lucio Salgado Toribio. "Es muy tranquilo".
Fuera de su celda, el cuarto con mucha luz estaba silencioso.
"En promedio, tenemos muy pocos problemas con ellos", dijo el Capitán Alguacil Tom Fike. "Algunas de las personas son verdaderos criminales. Otros no lo son".
El fotógrafo Leonardo Carrizo sirvió de intérprete para entrevistas con fuentes hispano hablantes.