Leonardo Carrizo / Para el Dispatch
Pacientes esperan ver médicos en el Departamento de Salud de Tulsa, una clínica que obtiene la mitad de sus ingresos de impuestos de propiedad y la otra mitad de una beca federal. La vasta mayoría de sus pacientes son inmigrantes ilegales.
Leonardo Carrizo / Para el Dispatch
Inmunizaciones para niños son parte del cuidado rutinario provisto por la clínica.
Leonardo Carrizo / Para el Dispatch
La estudiante de medicina, Rebecca Sieber-Denlinger, le da una inyección de control natal a una madre de dos hijos – uno es ciudadano estadounidense.
Inmigrantes ilegales enfrentan decisiones de vida o muerte cuando padecen enfermedades
La comunidad completa corre el riesgo cuando inmigrantes evitan cuidado medico
Todd JonesThe Columbus Dispatch
TULSA, Okla. – La histeria iba en aumento entre los latinos de Oklahoma cuando el gobernador firmó una dura ley de inmigración.
Los padres de Edgar Castoreña de dos meses de edad estuvieron atrapados en una telaraña de miedo, sin saber que hacer cuando su bebe sufrió diarrea por 10 días.
"Estaban aterrados de llevar al bebe a la sala de emergencias porque tenían miedo que serían reportados y deportados", dijo Laurie Paul, directora ejecutiva de la clínica Conexión de Salud Comunitaria en Tulsa.
A pesar de que la ley no estaba en efecto todavía, su miedo detuvo a la pareja mexicana de llevar a su hijo a un hospital mejor equipado. En lugar de eso, lo llevaron a una pequeña clínica que es patrocinada por el gobierno donde casi el 70 por ciento de los pacientes son hispanos.
Ya era muy tarde.
El bebe murió de un intestino roto mientras la ambulancia corrió al hospital.
Las críticas de la ley de Oklahoma señalan la muerte de Edgar en julio de 2007 como un ejemplo extremo de cómo tomar medidas enérgicas contra inmigrantes ilegales pueden tener consecuencias no previstas.
La ley de la que sus padres tenían tanto miedo provee una excepción para cuidado médico en una emergencia, pues no tenían nada que temer en llevarle a una sala de emergencias.
Pero no entendían.
El cuidado de salud – quien lo merece, cuando lo pueden recibir y quien paga por él es un asunto ineludible en el debate sobre inmigración.
La ley de Oklahoma, que surtió efecto el noviembre pasado, tiene pastores de iglesias preocupados de ser arrestados de transportar a inmigrantes ilegales a citas médicas. También trabajadores de cuidado medico se ocupan de la posible propagación de enfermedades si los pacientes no buscan cuidado por miedo de deportación.
"La mayoría de nosotros en la salud pública somos de la misma opinión: Los servicios de salud no deben ser políticos", dijo Doug Ressler, director adjunto del Departamento de Salud de Tulsa.
Hasta residentes legales de mucho tiempo han sido victimas de los requisitos estrictos de papeleo de la ley, que requieren a aquellos que aplican para Medicaid o renuevan su elegibilidad probar su ciudadanía. La Autoridad de Cuidado de Salud de Oklahoma reportó en diciembre que casi 6,000 personas fueron sacadas del programa de SoonerCare, el programa estatal para los pobres, porque ellos no lograron satisfacer los nuevos requisitos de documentos.
De aquellos sacados del programa, 10 por ciento eran hispanos, 58 eran blancos y 62 por ciento eran niños.
La ley sigue siendo popular. Sus partidarios señalan a un estimado por la Federación para Reforma Migratoria Americana (FAIR por sus siglas en inglés) que Oklahoma gasta aproximadamente $207 millones cada año en fondos públicos para inmigrantes ilegales, un gasto no separado en desembolsos específicos como cuidado de salud.
"Simplemente no nos permitimos el lujo de ser la fuente de asistencia social para todo el mundo", dijo el Representante estatal Randy Terrill, un Republicano de Moore, Okla., quien escribió la ley.
FAIR, un grupo sin fines lucrativos de reforma de inmigración con sede en Washington, D.C., llegó a su cifra aplicando estudios a nueve otros estados a su estimación de 83,000 inmigrantes ilegales en Oklahoma.
El Destacamento Especial del Senado de Oklahoma produjo un estudio en 2006 que mostraba que las salas de emergencia trataron a 13,179 inmigrantes ilegales en el período de cuatro años que terminó en 2006 a un costo total de $27.4 millones.
Más de 80 por ciento de ese dinero fue gastado en partos.
Pat Fennell, un miembro del destacamento especial, dijo que los $9.7 millones gastados en 2006 en cuidado médico de emergencias para no ciudadanos era menos de 1 por ciento de la propuesta de la Autoridad de Cuidado de Salud de Oklahoma.
"Es todo para que los que no son ciudadanos pueden calificar", dijo Fennell. "No califican para asistencia social o cupones alimentarios o subsidios de cuidado de niños. Las personas no son informadas. Escuchan que millones de dólares son usados para subsidiar (a inmigrantes ilegales), entonces piensan que pueden recibir todo gratis, y es una falacia".
El estado gastó un estimado $8.5 millones para más de 2,700 partos a inmigrantes ilegales en 2006.
"Cuando nazcan su bebes, es todavía un costo, y los ciudadanos que pagan impuestos están pagándolo", dijo Carol Helm, la fundadora del grupo de presión Reforma para Oklahoma Ahora.
Los números no cuentan la historia completa de los resultados de la ley para cuidado de salud.
Una provisión de la ley, hace un delito grave transportar, ocultar, albergar o resguardar a un inmigrante ilegal en Oklahoma. Aquellos que rompen la ley pueden pasar un año en la cárcel, ser multado por $1,000 o ambos.
"El aspecto humano no puede ser olvidado", dijo Paul. "Es un compromiso moral, cuidar a alguien".
El hombre que escribió la ley no pone en duda su moralidad.
"Con respecto al cuidado de salud, usábamos compasión, sentido común, e hicimos excepciones razonables para satisfacer la ley federal", dijo Terrill. "No podemos ignorar a la gente que necesitan ciertos servicios. Tenemos una obligación como cristianos y como una sociedad para ayudar en ciertos casos. No en todos los casos, pero en algunos".
Para otros, hay líneas que están dispuestos a cruzar, sin importar el costo.
"Estoy dispuesto ir a la cárcel por esto", dijo Fennell. "No voy a violar mis principios morales negándoles a aquellos en necesidad".
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Lonnie Vaughn no quiere ir a la cárcel, pero también está dispuesto.
Como pastor de la Iglesia Bautista de Colinas del Sur, parte de su trabajo es recoger a los miembros de su iglesia – incluyendo varios no ciudadanos – cada domingo por la mañana y llevándoles a los servicios.
A veces les lleva a una clínica de salud.
"Esta ley me ha hecho un criminal", dijo Vaughn, quien es blanco. "De repente soy el malo, o el diablo mismo, porque llego a la comunidad hispana y trato de ayudarla".
¿Vaugn está rompiendo la ley de Oklahoma por transportar a inmigrantes a la oficina de un médico?
"Si estás haciendo algo solamente por razones caritativas, educacionales, humanitarias o religiosas, no viola la ley", dijo Terrill.
La ley es abierta a interpretación. Terrill dice que las agencias quebrantan la ley si su asistencia promueve la capacidad de un inmigrante ilegal a quedarse en el país o si esa asistencia involucra fondos de impuestos.
La ambigüedad de la ley pretendía atenuarla pero causaba confusión entre inmigrantes.
"Creó temor porque no hay definiciones", dijo Fennell, directora ejecutiva de la Agencia de Desarrollo de la Comunidad Latina, un centro de servicios sociales ofreciendo 21 programas en la Ciudad de Oklahoma.
El temor causó una caída en los pacientes en muchas clínicas frecuentadas por los latinos.
"Lo que ha pasado es que familias completas, con niños nacidos aquí, que tienen emergencias medicas tienen miedo de pedir ayuda", dijo el Reverendo Víctor Orta, presidente de la Coalición del Sueño Americano", un grupo de defensores de inmigrantes en Tulsa.
La clínica de salud comunitaria, con los latinos siendo el 67 por ciento de nuestra clientela el año pasado, tiene un archivo con cinco gavetas llenas de historias médicas de pacientes que no han regresado. Paul dijo que las visitas en promedio de todos los clientes bajaron de 2.5 anualmente a 1.9 éste año.
"Tuvimos mucha gente viniendo y preguntando por sus historias medicas porque no regresarían", dijo Leticia, una enfermera de la clínica de Tulsa.
Su esposo, que no es un ciudadano americano, no va al medico si está enfermo porque tiene miedo se ser detenido y deportado.
"Al menos que él piense que se está muriendo, se queda en casa", dijo Leticia. "Si cree que va a estar bien, él trabaja."
Después que el temor los mantuvo alejados, algunos pacientes empezaron a regresar al Departamento de Salud de Tulsa, donde hispanos indocumentados son el 98 por ciento de los clientes pre-natales, 90 por ciento de los pacientes de la clínica familiar y 95 por ciento de los pacientes dentales.
Todavía, la enfermera Eliana Quintero dijo que algunos pacientes no han regresado para las vacunas y muchos le dicen que no van al hospital porque tiene miedo que los reporten a oficiales de inmigración.
"Si tienen un enfermedad que puedan trasmitir, entonces todas las personas pueden ser afectadas por eso," dijo Ressler.
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La guía telefónica de Tulsa tiene 13 páginas de iglesias en esta abrumadora ciudad de protestantes de casi 400,000 personas, a veces referida como "La hebilla del cinturón de la Biblia."
Muchas nuevas iglesias con congregaciones latinas abrieron cuando la población hispana de Oklahoma creció casi 45 por ciento entre 2000 y 2007.
"Los pastores hispanos proveyeron más servicios que cualquier otra iglesia importante pensara en proveer", dijo el Reverendo Julián Rodríguez, pastor de la Iglesia Eficaz en Tulsa. "Si una persona necesita ir al doctor en una iglesia regular, ellos no van a llamar al pastor para llevarlos y traducir. Pero los pastores hispanos tienen que ir o inventar un sistema para ayudar".
Esta llamada ha hecho que algunos pastores confronten a sus misiones por la nueva ley de inmigración.
"Respetamos las leyes del hombre porque la Biblia nos enseña a respetarlas", dijo el Reverendo Miguel Rivera, presidente de la Coalición Nacional del Clérigo y Lideres Cristianos. "Pero el problema es, tenemos también que identificar y servir y estar comprometidos a los seres humanos. Ellos son seres humanos".
El Obispo Católico Romano Edward J. Slattery de la Diócesis de Tulsa introdujo un reporte llamado "amigo de la corte" planteando que las previsiones de la ley de inmigración de Oklahoma "desalientan y hasta criminalizan el proveer de los servicios espirituales más básicos, sociales y humanitarios para aquellos quienes son más necesitados de asistencia".
Terrill, un bautista, ve dinero en la raíz de ésta crítica.
"Puedo entender la razón por la cual las organizaciones religiosas dicen y hacen las cosas que están haciendo", él dijo. "Los Bautistas usan dinero privado. Las Caridades Católicas usan dinero de contribuyentes. La razón por la que los Católicos están molestos con estas leyes es que termina con los fondos federales. Ellos ciertamente tienen un interés económico en su organización caritativa cuando hacen trabajo para la comunidad usando fondos federales para un número de extranjeros ilegales".
Margarita Summers, una trabajadora de casos de Caridades Católicas en Tulsa, se rió de los comentarios de Terrill. Un vocero de Caridades Católicas dijo que 2 por ciento de su presupuesto viene del dinero de los contribuyentes.
"Somos criticados de que estamos rompiendo las leyes porque estamos ayudando a la gente", dijo Summers. "Algunos de nuestros contribuidores mencionaron que si el apoyo que ellos nos están dando va a apoyar a los ilegales, entonces ellos dejaran de ayudarnos."
La ley de Oklahoma ha solo hecho fortalecer el deseo de Summers de proveer ayuda a los inmigrantes en el vecindario hispano de Kendall-Whittier.
"Quiero contribuir y hacer la diferencia en una situación de injusticia", ella dijo. "Si tengo que pelear por lo que es justo y correcto, eso haré".
Y Lonnie Vaughn seguirá arriesgando ir a la cárcel por transportar hispanos indocumentados es su camioneta van y llevarlos a la iglesia y las clínicas medicas.
"Estoy bien hasta que veo a un policía", él dijo. "Te garantizo que tengo mis dos manos en el volante y me estoy limpiando el sudor de mi frente cuando veo a un policía. No lo puedo evitar. Soy nervioso. De alguna manera se que estoy cometiendo un crimen".
El fotógrafo independiente Leonardo Carrizo sirvió de intérprete para las entrevistas con las fuentes de habla hispana.